EDITORIAL de La Jornada, 10 de marzo de 2009
Con la instalación de una comisión binacional para revisar
el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, el gobierno mexicano se ha plegado a la lógica racista y discriminatoria impuesta por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y ha establecido un estatuto de privilegio absolutamente inaceptable en el marco legal de nuestro país, agraviante para los ciudadanos mexicanos y repudiable desde una perspectiva ética.
Ha de considerarse que la instancia anunciada ayer de manera conjunta por Felipe Calderón y el mandatario francés es ajena al marco legal nacional y que impone, por el solo hecho de su creación, una circunstancia de excepción para los delincuentes convictos de origen extranjero, por graves que sean los crímenes que se les atribuyen. Tal circunstancia contrasta con el trato que los acusados y sentenciados mexicanos reciben de las autoridades, es decir, con las arbitrariedades y las injusticias que las instancias de procuración e impartición de justicia cometen contra reos comunes y contra presos políticos.
Es inevitable contrastar la deferencia que el calderonismo brinda a Cassez, convicta por 10 secuestros, y el atropello que perpetró contra Ignacio del Valle, líder atenquense condenado por la privación ilegal de la libertad de un funcionario, hecho que ocurrió cuando Del Valle se encontraba ya en la cárcel.
Igualmente grotesca resulta la concesión hecha al gobierno de Francia si se coteja con la indefensión jurídica que padecen ciudadanos mexicanos al norte del río Bravo. Es de notar que el Ejecutivo federal de México nunca ha pedido la creación de una comisión binacional
para revisar los casos de connacionales condenados a muerte por un sistema judicial no menos distorsionado y aberrante que el nuestro, y cabe preguntarse si, llegado el caso, Washington aceptaría la propuesta. Es pertinente cuestionar, asimismo, por qué las autoridades mexicanas nunca han formado comisiones de esta clase para los centro y sudamericanos que delinquen en nuestro territorio y que son sancionados por las instituciones nacionales.
En los hechos, se ha impuesto una diferencia institucional para abordar los casos de los mexicanos acusados ante la justicia –en el país o en el extranjero– y los infractores latinoamericanos en México, por una parte, y los delincuentes que posean un pasaporte francés o rasgos físicos europeos. Estos últimos, de acuerdo con el precedente asentado, podrán reclamar el auxilio de instancias extralegales encargadas de analizar y dar celeridad a sus casos y de supervisar que no se cometan irregularidades.
Se trata de una distinción que contraviene postulados esenciales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluidos la igualdad ante la ley, consagrada en su artículo primero, y el principio de separación de poderes, toda vez que el Ejecutivo no tiene por qué revisar el trabajo del Judicial, en cuyo ámbito se encuentra, hoy, el destino de la secuestradora francesa.
En otros sentidos, la decisión de transigir ante las presiones abiertas e injerencistas de Sarkozy no sólo vulnera la soberanía nacional, sino resulta contraproducente contra el empeño calderonista de persuadir a la sociedad de que en las esferas gubernamentales hay voluntad política real para perseguir a los delincuentes y castigarlos con todo el rigor que permite el derecho. Sí, podrá decirse en lo sucesivo, siempre y cuando los infractores no tengan nacionalidad francesa. En suma, el establecimiento de una comisión binacional para revisar la situación jurídica de Florence Cassez es, por donde quiera que se le vea, una vergüenza nacional.
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